Solo unos días antes de
la convocatoria el fiscal Gerardo Pollicita, tras tomar el relevo de su colega
en la denuncia contra CFK por presunto encubrimiento de terroristas iraníes
vinculados al atentado en 1994 contra la sede de la mutual judía AMIA, había
imputado a la presidenta por encontrar indicios de delito de encubrimiento.
Poco después, el juez
Daniel Rafecas desestimó la denuncia, aduciendo que no había “encontrado
elementos” que respaldaran el informe de 300 páginas que recopiló Nisman antes
de aparecer muerto de un disparo en la sien el pasado 18 de enero. En la
investigación que había emprendido el fiscal estrella de la causa AMIA, incluso
se habían rastreado llamadas telefónicas del entorno de CFK con altos
funcionarios iraníes. Días antes de morir el propio Nisman había dicho que
provocaría un terremoto con la información que estaba a punto de presentar ante
el Congreso.
A partir de su muerte,
una serie de personas allegadas al fiscal han recibido amenazas, desde su
propia exesposa hasta el periodista que primero dio a conocer en las redes
sociales el hallazgo del cadáver de Nisman. Por miedo a correr la misma suerte,
Damián Patcher, quien desde Argentina colaboraba con el diario israelí Haaretz,
se refugió en Tel Aviv, asegurando que no podía volver a su país, “al menos
hasta el final de este gobierno”. También se encuentra en una situación de
extrema vulnerabilidad Diego Lagomarsino, el informático que le prestó una
pistola a Nisman en vísperas de su muerte, ya que este temía por su vida. Hasta
ahora Lagomarsino es el único imputado en esta oscura trama. Sin perder tiempo,
el entorno kirchnerista ha dado a entender que entre él y Nisman había una
relación y que el trágico desenlace pudo deberse a un supuesto crimen pasional,
alegaciones que el informático ha calificado de puras invenciones.
Lo cierto es que CFK y su
camarilla vuelven a tener un respiro después del clamor popular contra los
obstáculos del kirchnerismo para que se sepa toda la verdad del atentado de
AMIA y ahora del caso Nisman. Son sintomáticos de la podredumbre institucional
los resultados de una encuesta reciente publicada en el diario Perfil: la
imagen positiva de CFK cayó 4 puntos entre diciembre y enero, cuando ocurrió la
muerte de Nisman, y se situó en el 29,1%, mientras que la negativa superó el
50%. Un dato aun más preocupante: el 50% de los argentinos cree que el fiscal
fue asesinado y un 82% considera “creíble” sus acusaciones contra la
presidenta.
De nada sirve que la
mayoría de los argentinos esté convencida de que este gobierno es sospechoso de
los peores crímenes, porque también tienen la certeza de que un sistema
corrupto impide que se haga justicia.
En medio del desaliento
de muchos, el productor Stan Jakubowicz, quien llevó al cine la notable Wakolda
(sobre la huida del monstruo Mengele a Argentina), ha anunciado que tiene
intención de trasladar a la gran pantalla el caso de Alberto Nisman. Jakubowicz
ha adelantado que sería la segunda entrega de una “trilogía de la impunidad”.
Ojalá que el cine desentierre lo que el gobierno argentino pretende ocultar.
Nisman se lo merece.
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